Illa anuncia que el ministerio publicará en los próximos días una orden que refuerce el uso de esta prenda de protección porque hay un consenso generalizado en las comunidades autónomas
Finalmente, las mascarillas serán obligatorias en los espacios públicos. El Ministerio de Sanidad regulará en los próximos días el “refuerzo” del uso de estas prendas de protección tras observar un consenso generalizado en las comunidades autónomas. Un nuevo giro del Ejecutivo que se suma a este otro: el Gobierno publicará los informes de evaluación de las CCAA una vez que todas ellas hayan progresado a la fase 1, y lo mismo se hará cuando todas migren a la etapa 2, y posteriormente a la 3. Pedro Sánchez intenta así salir al paso de las críticas de los gobiernos autonómicos, ahora sobre todo de Madrid y antes incluso de administraciones lideradas por el PSOE, como la Generalitat valenciana.
El titular de Sanidad, Salvador Illa, acompañado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, formalizó ambos anuncios en la rueda de prensa posterior a la décima conferencia de presidentes autonómicos. Respecto al primer asunto, de enorme trascendencia social, puesto que afectará a todos los ciudadanos, el ministro señaló que “en los próximos días” saldrá publicada en el BOE una orden ministerial que regule el uso obligatorio de las mascarillas. Advirtió de que ya se llevaba estudiando en los últimos días, y ha sido objeto de debate en los dos consejos interterritoriales del Sistema Nacional de Salud (SNS) de esta semana, y se abordará en el de mañana lunes.
Este domingo también salió esta cuestión en la reunión de Sánchez con los presidentes autónomicos, a la que asistieron Montero e Illa, y también la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, encargada de la desescalada, y la titular de Política Territorial, Carolina Darias. Y hubo “unanimidad“, constató el responsable de Sanidad, respecto a que hay que “reforzar el uso obligatorio de mascarillas”. Pero rehusó “anticipar los detalles concretos” de la nueva orden porque han de cerrarse todavía. Desde el 4 de mayo, estas prendas de protección son obligatorias en los transportes públicos.
El criterio del Gobierno respecto a las mascarillas ha ido cambiando con el paso de las semanas. De no ser consideradas necesarias hace dos meses hasta hacerse obligatorias para el espacio público. Una rectificación que según el Ejecutivo ha corrido en paralelo a la reconsideración que han hecho de su postura los organismos internacionales.
Illa también se compromete a publicar todos los informes de evaluación a las CCAA una vez que todas ellas hayan progresado de fase
Así, a finales de febrero y durante todo marzo, el ministerio consideraba que las mascarillas no eran “necesarias para ir por la calle“, porque sobre todo estaban indicadas para los contagiados, para no transmitir el virus a través de las gotículas respiratorias. También en ese momento, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), consideraban prioritario que estas prendas de protección estuvieran en manos de los profesionales sanitarios, por ser la población más expuesta, y las recomendaban por tanto para quienes cuidaran de enfermos y para los pacientes con síntomas. Occidente chocaba con la cultura oriental, que ha incorporado el uso de las mascarillas a sus hábitos cotidianos.
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Repartos de unidades en abril y mayo
Pero en abril el rumbo cambió, coincidiendo con la nueva doctrina del ECDC. El día 8, la agencia europea adoptó un conjunto de nuevas recomendaciones, a la vista de que el SARS-CoV-2 se contagia entre personas asintomáticas. Determinó que la mascarilla podía ser un “complemento” apropiado en lugares concurridos, siempre que se cumpla la etiqueta respiratoria, se mantenga la distancia de seguridad de dos metros y se cuide la higiene y el lavado de manos. El 10, Illa recomendó la utilización de estas unidades de protección, una vez concluido el permiso retribuido recuperable. Dado que la actividad económica se iba a reanimar progresivamente, se hacía conveniente el uso de mascarillas sobre todo en aquellos puntos en los que es más difícil mantener la distancia social. En aquellos momentos, las farmacias estaban desabastecidas, y el Gobierno distribuyó, desde el 13 de abril, una primera tanda de 10 millones de unidades en los intercambiadores de transporte y principales estaciones de tren, metro y bus. A partir de entonces, las farmacias sí comenzaron a recibir más lotes de mascarillas.
El criterio ha ido cambiando desde marzo. En abril, cuando la ECDC giró, el Gobierno las hizo recomendables y luego obligatorias en transporte
Adicionalmente, el Ejecutivo reguló las mascarillas higiénicas, reutilizables y no reutilizables, para aumentar su disponibilidad, y aprobó varias normas UNE. El 23 de abril, estableció el precio máximo de las quirúrgicas (0,96 euros por unidad), para evitar abusos. El miedo a un nuevo episodio de desabastecimiento no se produjo. El 2 de mayo, durante su comparecencia semanal en la Moncloa, Sánchez anunció que desde el día 4 se hacía obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público. La noticia fue acompañada de un nuevo reparto de 14,5 millones de unidades, parte de los cuales, siete millones, fueron entregados a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y otro 1,5 millones a entidades sociales (Cruz Roja, Cermi y Cáritas). El plan de transición también subrayaba que las mascarillas pasaban a ser altamente recomendables en el espacio público, aunque aún no obligatorias.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, ha sido preguntado en varias ocasiones sobre este asunto. El pasado 13 de mayo, advertía de que “la mejor mascarilla son los dos metros de distancia” interpersonal, porque va a ser fácil que “se pueda obligar a todo el mundo” a llevarlas, porque hay personas que o no pueden o pueden hacerlo por periodos cortos de tiempo por diversas razones (ansiedad, patologías de fondo…) o porque en los niños “puede ser complicado”. Así que “si al final se hace obligatorio”, señaló, habrá que valorar muy bien cómo se explicitan las excepciones de uso o las personas que tengan esa posibilidad de no utilizarlas por sus condiciones personales o en qué momento pueden no utilizarlas”. La clave está en entender cómo se produce el contagio, explicó: si una persona va sola en su coche es “indiferente” que lleve o no esta prenda, pero si baja del vehículo y empieza a interrelacionarse, la cosa cambia. Simón era partidario de pensar con “mucho cuidado” la obligatoriedad porque “puede generar problemas muy importantes“, había alertado un día antes, el martes 12.
Sánchez hace obligatorio desde el lunes el uso de mascarillas en el transporte público
En estas primeras semanas de desescalada, la presión de las CCAA ha ido en aumento, y Sanidad ha atendido esa demanda. Entiende que la mayor movilidad de los ciudadanos, y la dificultad de mantener la distancia de seguridad hace preciso “reforzar” la obligatoriedad de la mascarilla. Illa lo planteó este lunes en el Consejo Interterritorial del SNS, reconoció que su departamento lo estaba estudiando, se volvió sobre esta cuestión en la cumbre con los consejeros autónomicos el viernes y con los líderes regionales este domingo. La decisión ya está tomada. Ahora lo que falta es la precisión de en qué momentos y dónde será forzosa la utilización de esta barrera de protección.
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La presión de Madrid
Illa también ha sentido la presión de las CCAA, y especialmente de Madrid, respecto a los informes de evaluación. Ayer Sanidad dio a conocer el examen hecho a la comunidad que justificaba por qué no migraba a la fase 1. Pero la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado los análisis hechos a todas las autonomías para comprobar que “se ha respetado el principio de igualdad y no se han producido situaciones discriminatorias”. Era solo la última polémica, porque antes los había pedido, por ejemplo, la Generalitat valenciana, que lidera el socialista Ximo Puig.
El ministro se había resistido, pero al final cedió. Los documentos se darán a conocer todos en el mismo momento y cuando toda España haya evolucionado al mismo escalón. Así, “los informes de pase a fase 1 se darán a conocer cuando todos estemos en fase 1, y los del pase a fase 2, cuando todos hayamos alcanzado la fase 2″, y los de la fase 3, cuando todos los territorios estén en fase 3. No obstante, si una comunidad solicita acceder a su propio informe lo podrá pedir en cualquier momento, como ha hecho Madrid, indicó Illa.
Cada unidad territorial deberá permanecer en cada fase 14 días, sin que se puede acelerar la desescalada salvo “casos muy excepcionales”
¿Por qué esperar a que todas las CCAA pasen de estadio, cuando hay un decalaje bastante importante entre unas y otras (cuatro islas arrancaron la fase 1 el 4 de mayo y los últimos territorios, que serán Madrid, Barcelona y su área metropolitana y la mayor parte de Castilla y León, no llegarán a esa cota hasta el próximo día 25)? “No vamos a favorecer ninguna carrera a la desescalada que no llevaría a ningún sitio. Esta actitud de competición sería incompatible con los “criterios de cautela, prudencia y seguridad que han guiado y seguirán guiando el proceder” del Ejecutivo.
Illa, no obstante, no quiso responder a las críticas de la Comunidad de Madrid. “No voy a entrar en reproche o confrontación“, “el Gobierno y las CCAA jugamos en el mismo equipo”, que es el de “salvar vidas, porque salvando vidas se salvan empleos y salvando vidas se salvan empresas”. Sí indicó que las razones de por qué una región pasa o no de fase “están claras, explicadas y son de sentido común“. “La prudencia es la mejor consejera”, insistió. De ahí que también el Ejecutivo defienda continuar con el estado de alarma hasta que concluya la transición.
Isabel Díaz Ayuso✔@IdiazAyuso
El presidente no responde a las preguntas: ¿quién está en el “comité de expertos” que bloquea a Madrid?
¿Quién decide que tantas personas vayan al paro cada semana? ¿Por qué la anterior no hubo informe y esta lo tienen antes los medios que la propia Comunidad?
Andalucía ya estará toda ella en fase 1. Se incorporan Málaga y Granada a las otras seis provincias que ya disfrutaban de este estadio desde el 11 de mayo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, quiere acompasar toda la comunidad y que ya el 25 las ocho provincias se sitúen en la etapa 2. Illa recordó que la norma general es que cada unidad territorial se mantenga en el mismo escalón 14 días, porque ese es el periodo de incubación del covid-19. Se hizo así por “prudencia” y esa regla no se romperá salvo “cuestiones muy muy excepcionales“. Y los desplazamientos entre provincias no se permitirán hasta la nueva normalidad para “evitar rebrotes”, y esta es “una medida fundamental”.
