El sindicato CCOO denuncia que la falta inicial de equipos de protección se están sumando errores preventivos.
El sindicato CCOO Castilla y León ha elaborado un estudio en el que alerta que la tasa de contagio entre los profesionales sanitarios de la provincia leonesa, como en el resto de Castilla y León, es nueve veces más alta que la del resto del población, ya que mientras la incidencia Covid-19 entre estos profesionales es del 4,94%, en el caso de la población en general se sitúa en el 0,65%.
Según el sindicato, a la la falta de equipos de protección individual en un primer momento, también hay que sumar una valoración inadecuada de los escenarios de riesgo, “por lo que no se garantiza la adopción de medidas que técnicamente debieran establecerse.
Al contrario, se están utilizando los escenarios de riesgo como compartimentos estancos, como un sistema de clasificación cerrada, que determina a priori las medidas a adoptar. En ningún caso este procedimiento debe convertirse en una herramienta sustitutiva del verdadero trabajo técnico exigible a Sacyl”.
Además, desde CCOO se recalca que los servicios de prevención de riesgos laborales de Sacyl ya resultaban “insuficientes” antes de declararse la pandemia. “Cumplían con las ratios mínimas exigidos por la normativa para cubrir expediente, por lo que la crisis los sobrepasó”, se apunta desde el sindicato.
En el comunicado recogido por Ical, también se apunta que “algunos mandos intermedios, los responsables directos de la aplicación de los protocolos, en más ocasiones de las deseadas, no realizan una gestión y organización óptimas en materia de prevención de riesgos labores. Falta de formación, desconocimiento de procedimientos, dolo o simplemente inobservancia”.
Por último, desde el sindicato se resalta que se han comunicado todas y cada una de las incidencias, “pero lejos de aceptar la colaboración y cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo único que hemos conseguido es el silencio y en algún caso, la actitud prepotente de la Junta, por lo que nos han obligado a acudir a la denuncia pública y a la Inspección de Trabajo”.
