Es una realidad: cada vez es mayor el interés —y, por ende, consultas— de los ciudadanos en torno a la adquisición de test rápidos de la COVID-19. El resurgimiento de los casos de contagio —si alguna vez llegaron a estar desterrados— en la época postestival y de vuelta a la actividad y, asimismo, las mayores existencias de estos productos en comparación con los primeros meses de la pandemia ha propiciado esta mayor demanda. Pero existe otra realidad paralela: aunque sea legal, las restricciones existentes a la venta de estos test ‘obliga’ a la población a acudir a canales que no siempre aseguran las adecuadas garantías. En especial, las sanitarias.
Por ejemplo, las oficinas de farmacia tienen actualmente prohibida por ley la dispensación de test de la COVID-19. Así las cosas, como establecimientos sanitarios que son y a tenor de esta latente demanda social, ¿deberían poderse dispensar estas pruebas en la red de boticas? El Colegio de Farmacéuticos de Madrid ha sido la primera entidad en poner el debate sobre la mesa.
“No tiene sentido que estén a la venta en Internet, sin garantías legales ni sanitarias, y no estén en las farmacias”
Luis González, presidente del COF de Madrid
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