Jaime Espolita es farmacéutico rural en Cabrillanes, una población de la provincia de León con apenas 775 habitantes. Espolita es además presidente de SEFAR, la Sociedad Española de Farmacia Rural, desde abril de 2019. En su artículo nos habla del día a día de la farmacia rural.
La publicidad de cierta marca de cerveza que estuvo muy presente el pasado verano en los medios de comunicación finalizaba con la siguiente frase: “Si queremos mantener nuestra forma de vivir, ¿no deberíamos proteger aquello que la hace posible?”. Huelga decir que dicho anuncio se refería al medio ambiente, pero ese mismo mensaje deberíamos también aplicarlo al mundo de la farmacia comunitaria.
A día de hoy se perciben ciertas dudas, en algunos estamentos, acerca del valor sanitario de nuestra red de oficinas de farmacia. Vemos día a día cómo cualquier medida de ahorro recae sobre nuestro sector, cómo se nos ignora ante la puesta en marcha de distintas campañas sanitarias, cómo se nos obvia a la hora de desarrollar medidas legislativas de amplío calado para nosotros o cómo se ningunea a la farmacia comunitaria en lo que se refiere a la dispensación a nuestros pacientes de cualquier novedad terapéutica. El porqué se da esta situación quizá no sea demasiado importante pero sí el hecho de que parece necesario demostrar a nuestros gobernantes (nuestros pacientes ya lo conocen) el crucial papel de la oficina de farmacia, no solo en el ámbito sanitario, sino también en otros aspectos como la cohesión social, la lucha contra la despoblación o la equidad entre nuestros ciudadanos.
Y, en respuesta a esta “corriente”, el sector se afana en poner en valor la excelente labor de las más de 22.000 oficinas de farmacia que hay repartidas por todo el territorio nacional. Constantemente publicamos estudios o desarrollamos programas sobre atención farmacéutica, seguimiento terapéutico, ahorros generados al estado, etc. Diariamente escuchamos o leemos declaraciones de nuestros representantes explicando las bondades de nuestro modelo farmacéutico o solicitando un papel sanitario más relevante para la farmacia comunitaria.
Y, en este contexto actual, me sorprende enormemente que muchos se olviden de la “joya de la corona” de nuestro modelo de prestación farmacéutica: la oficina de farmacia rural. Estas pequeñas farmacias repartidas por todo el país son la más fehaciente prueba del carácter sanitario de nuestros establecimientos siendo el único agente de salud presente en estas poblaciones durante todos los días del año. Es, además, el paradigma de la cohesión de nuestro sistema sanitario ya que está presente en multitud de poblaciones donde no existe, en muchos casos, ningún otro profesional sanitario (ni de otro tipo). Por si esto fuera poco, la farmacia rural es el vivo ejemplo de lo que significa la vocación de servicio al paciente al estar sometido su titular a una desproporcionada carga de servicios de guardia gratuitos que presta en unas condiciones inmejorables para el ciudadano.
Además de lo anteriormente expuesto, sería conveniente recordar que todas estas compañeras y compañeros ejercientes en la denominada “España vaciada” son los auténticos garantes de la tan manida capilaridad de nuestro sistema farmacéutico de proximidad. Sobre ellos recae el peso de garantizar la universalidad en el acceso al medicamento convirtiéndose en la base y única justificación del modelo que nos hemos dado. Y lo están haciendo en unas condiciones de precariedad personal y económica que no parecen de recibo en pleno siglo XXI.
Por todo lo anterior, por lo que supone la farmacia rural para nuestro sistema sanitario y lo que supondrá para nuestro sector su inminente desaparición si no se empiezan a tomar medidas de carácter estructural de forma urgente, sugiero que todos nos planteemos la pregunta con la que comenzaba esta reflexión: ¿No deberíamos proteger aquello que hace posible nuestra forma de vivir?
